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Castor, un escándalo absoluto

Editorial El Punt AVUI

La chapuza del proyecto Castor ha culminado con el fin del proyecto a cambio de una indemnización multimillonaria a la empresa inversora que irá con cargo al consumidor. Una vergüenza histórica que debería comportar responsabilidades políticas inmediatas, porque una negligencia de esta magnitud no puede quedar impune en un estado en qué se supone que la protección del bien común está por delante de los intereses particulares.

En primer lugar, había un riesgo para la ciudadanía. Sólo la presión popular a raíz de los primeros temblores ha conseguido que se revisara cuando se llegó a la conclusión que hacía falta hacer abortar una locura como esta que afectaba al litoral y llegaba al Baix Maestrat y la Montsià. Además, la administración pública ha sido insensible a sus administrados hasta que estos no le han hecho frente. Por último más, quien debe proteger a los ciudadanos los abandona por defender unos intereses oscuros y peligrosos de empresas con lo suficiente influencia política por conseguir cargar los riesgos de la empresa, por la vía de un contrato que cuesta de creer que se haya podido firmar, sobre el consumidor.

Lo proyecto Castor fue una inversión privada. Como toda inversión privada tiene unos riesgos que asume el promotor, del mismo modo que si este proyecto hubiera sido productivo los beneficios habrían repercutido, impuestos aparte, entre los accionistas del proyecto. Es una auténtica vergüenza que el abandono del proyecto, que se ha demostrado que era inviable por los riesgos sobre la población, acabe perjudicando a la población mientras los promotores no sólo quedan impunes en su temeridad, sino blindados contra las pérdidas económicas.

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